En 2023 el Gobierno de Colombia encabezado por el Presidente Gustavo Puerto decidió tomar el control del Muelle 13 del puerto de Buenaventura con el fin de favorecer a un grupo de pesqueros de la zona; para ello, debía impedir la prórroga, previamente autorizada, del contrato de concesión por otros 20 años al Grupo Portuario S.A. La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) emitió resoluciones para hacer efectiva a esta decisión. Sin embargo, la compañía portuaria afectada inició una batalla judicial que tuvo el 13 de diciembre un nuevo capítulo, luego que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca decretara la suspensión provisional de las resoluciones expedidas por la ANI. Con esta determinación, el Tribunal Administrativo del Valle suspendió la decisión de la ANI y mantiene el contrato de concesión al Grupo Portuario- cuyo mayor controlador es Ventura Group- compañía que adelantó que no buscará una indeminzación por los perjuicios sufridos.
Tras la decisión del tribunal, la ANI sostuvo que se encuentra analizando y haciendo las consultas para determinar la manera de proceder para dar cumplimiento a las medidas cautelares falladas, añadiendo que “el Gobierno Nacional es respetuoso de las decisiones de los jueces de la República, sin perjuicio de que está evaluando ejercer los recursos a los que tiene derecho frente a las medidas adoptadas en los despachos judiciales”.
En contraparte, en declaraciones a Caracol Radio, Luis Felipe Henao, abogado del concesionario de Muelle 13 indicó que a su representado no le interesa una indemnización, y confirmó que esta decisión los favorece. “La jurisdicción le da la razón al Muelle 13, que ha venido operando con rigurosidad, y generando desarrollo empresarial en Buenaventura desde hace más de 20 años” y añadió que la revocación por parte del Gobierno de la concesión al Grupo Portuario S.A. fue “un acto totalmente antijurídico, que no tenía ninguna justificación o motivación, como lo ha señalado el Tribunal del Valle”.
Detalló además que la ANI argumentó que la revocación de la concesión bajo el hecho de que “había un riesgo ambiental”. No obstante, indicó que esto se determinó sin importar que el muelle tiene la licencia ambiental y un plan de manejo ambiental que fue aprobado por la entidad a cargo de esta materia de Buenaventura. Además, indicó que durante el proceso se determinó que no hubo ningún estudio técnico que motivara o que sustentara la decisión de la ANI, y “por dicha razón, se puso en entredicho la decisión de la ANI por el Tribunal del Valle”, recalcó.
Fuente: Mundo Marítimo
