El Canal de Panamá busca materializar un proyecto de gran envergadura que fue propuesto por primera vez hace dos décadas, pero que las condiciones climáticas más extremas de los últimos años, lo que incluye una grave sequía el año pasado que restringió el tráfico de buques por la vía fluvial, han dado mayor urgencia a la propuesta.
En concreto, se trata del proyecto de la presa del río Indio, lo que podría sumergir los vales de los ríos El Zaino y La Arenosa, en el oeste de Panamá, hogar de cientos de familias que se ganan la vida con la agricultura, la pesca y la cría de ganado.
Tres Hermanas, con sus granjas, dos escuelas, iglesias y un centro médico, es una de las decenas de pueblos que desaparecerían en los próximos seis años si el ambicioso proyecto de 1.600 millones de dólares del Canal de Panamá, propiedad del Estado, sigue adelante.
Los residentes están divididos, ya que algunos no quieren irse, mientras que otros se centran en obtener una compensación justa si se ven obligados a mudarse. De no quedar satisfechos, la historia reciente sugiere que la oposición pública podría poner en peligro todo el proyecto.
El canal representa el 3,1% del producto interno bruto del país centroamericano. La vía acuática, por la que pasan hasta 14.000 navíos al año, representa el 2,5% del comercio marítimo mundial y es fundamental para las importaciones estadounidenses de automóviles y bienes comerciales en portacontenedores desde Asia, y para las exportaciones estadounidenses de materias primas, incluido el gas natural licuado (GNL).
“El proyecto del embalse de Río Indio sería la solución más completa (a las sequías más frecuentes) en un horizonte de 50 años”, dijo a Reuters el administrador adjunto del canal, Ilya Espino de Marotta, en una entrevista en octubre.
El proyecto aún necesita pasar un largo proceso de aprobación que incluye una consulta pública, discusión en el gabinete y la luz verde final de la Asamblea Nacional.
El presidente de Panamá, José Mulino, ha dicho que la discusión se completará el próximo año, pero la industria naviera está observando con cierta inquietud después de los retrasos y suspensiones de proyectos importantes en los últimos años, incluido un controvertido contrato minero con First Quantum Minerals tras una amplia oposición pública. El año pasado, la Corte Suprema declaró inconstitucional el contrato y el gobierno ordenó el cierre de la mina.
Aunque el número de personas que se enfrentan a la reubicación por la presa es relativamente pequeño, cuentan con el respaldo de un grupo activista llamado Coordinadora Campesina por el Derecho a al Vida, que fue fundamental en el bloqueo del contrato minero de First Quantum.
César Petit, economista senior de BancTrust & Co, un banco de inversión especializado en mercados emergentes, dijo que había un consenso político en Panamá detrás del proyecto de la represa, pero que el gobierno necesitaría establecer un plan creíble para compensar a las personas que serán desplazadas y afectadas en las áreas cercanas.
“Existen riesgos significativos de que el proyecto de construcción del embalse multipropósito en el río Indio se posponga o suspenda indefinidamente”, dijo Petit a Reuters. “La estrategia de comunicación de los beneficios de los planes y un programa adecuado de incentivos y compensaciones para los afectados serán clave para implementar con éxito este plan”, sumó.
El ministro para Asuntos del Canal, José Icaza, sostuvo a Reuters que el gobierno entiende la “ansiedad y las preocupaciones” de los residentes. “Nuestra prioridad es no afectar las condiciones de vida y la tranquilidad de los habitantes de la cuenca, y por eso seguiremos trabajando directamente con ellos para atender sus necesidades a medida que avanzamos con el proyecto de construcción”, afirmó.
La Autoridad del Canal de Panamá pretende construir una enorme presa de 840 metros de longitud y 80,5 metros de altura para asegurar el suministro de agua dulce a sus esclusas. Según la Autoridad, los 1.250 millones de metros cúbicos de agua del embalse permitirían el tránsito de hasta 15 buques adicionales por día durante la estación seca y ayudarían a proporcionar agua potable a la creciente población de 4,5 millones de habitantes de Panamá.
A diferencia del Canal de Suez, que no tiene esclusas, el Canal de Panamá depende de agua dulce para operar tres juegos de esclusas que permiten a las naves cruzar entre los océanos Pacífico y Atlántico a través de una vía acuática artificial de 50 millas.
Si se aprueba, se espera que la presa esté terminada en 2030 o 2031, pero el tiempo avanza. El año pasado fue el tercero más seco en los 110 años de historia de la vía fluvial, siendo el segundo 2015. Los meteorólogos pronostican que Panamá enfrentará sequías más severas y una evaporación más rápida del agua debido a las temperaturas más altas en el futuro.
En julio, un fallo de la Corte Suprema devolvió a la autoridad del canal un área geográfica que casi duplica su territorio, que ahora puede utilizarse para expandir el negocio y asegurar fuentes de agua, incluida la presa.
Según un estudio inicial del canal, el proyecto exigiría la reubicación de unas 2.260 personas e impactaría al menos parcialmente a 2.000 personas adicionales en la zona del embalse.
Se espera que en enero se complete un censo para contar con mayor precisión cuántas personas se verán afectadas, dijo Espino, mientras que en el área de Tres Hermanas son visibles algunos trabajos de infraestructura del gobierno de Panamá, incluido un puente que podría acomodar equipo pesado.
El Ministerio de Obras Públicas de Panamá comunicó que el puente está destinado a ser utilizado para que vehículos y personas crucen el Río Indio.
“Ya hay un inicio”, dijo Espino, refiriéndose a la planificación vinculada a los aspectos técnicos del proyecto. “Pero, por supuesto, lo más complicado es el proceso de reasentamiento de las personas. Son conversaciones que deben realizarse individualmente con cada familia”.
Tres abogados y activistas de grupos comunitarios dijeron que el plan de Río Indio tendría un “alto impacto ambiental” debido a la deforestación y la pérdida de biodiversidad en regiones como Capira, al oeste de la ciudad de Panamá.
El proyecto, que incluye un presupuesto de 400 millones de dólares para su componente social, principalmente reubicaciones, ha dividido a los residentes. Algunos están dispuestos a vender sus tierras y mudarse, mientras que otros quieren luchar contra el proyecto.
“Ningún agricultor quiere vivir en una favela”, dijo Dilubino Agraje, quien representa a las comunidades de Río Indio en Coordinadora Campesina por el Derecho a al Vida. La organización está presionando para obtener más detalles sobre los planes de reubicación.
“Aquí nacimos y nos criamos. Si nos vamos no es porque queramos, sino porque tendremos que hacerlo”, dijo Paulino Alabarca, un agricultor de arroz de 60 años nacido en Tres Hermanas, mientras recorría el pueblo a caballo.
“Un plan diferente para transferir agua de un embalse existente alimentado por el río Bayano que podría terminarse antes y no requeriría reubicaciones familiares fue analizado y descartado por la administración del canal hace años debido a la ubicación y los mayores costos”, acotó Espino.
Desde el punto de vista del daño ambiental, el proyecto de Río Indio podría tener un mayor impacto negativo y pocos beneficios positivos que no podrían obtenerse de otra manera, dijo el profesor LeRoy Poff, experto en ecología acuática de la Universidad Estatal de Colorado, refiriéndose al desplazamiento de personas y medios de vida, daños río abajo para los peces y para los bosques.
“Es muy importante, a medida que avanzamos en medio del cambio climático, mantener los ríos saludables, porque tienen el mayor potencial para responder a entornos cambiantes”, añadió.
La alternativa de Bayano está ganando terreno en muchas comunidades, incluida Tres Hermanas. “Hay formas de que nos dejen tranquilos”, dijo Alabarca en referencia a ese proyecto.
Pero podría traer diferentes complicaciones ya que involucraría negociaciones con el proveedor de energía AES Panamá, una empresa de propiedad conjunta del Estado y la estadounidense AES Corp que posee y opera la infraestructura hidroeléctrica de Bayano, según abogados que estudian ese proyecto.
AES Panamá “no se encuentra actualmente en ningún proceso de venta de sus participaciones”, dijo a Reuters en un correo electrónico. “Sin embargo, entendiendo plenamente el tema y su importancia para el país, está en la mejor disposición y abierta a dialogar con el Estado para evaluar y llegar a acuerdos justos”.
El ministro del Canal, Icaza, dijo que el proyecto de Río Indio era imperativo para la supervivencia del canal y “la opción más viable”.
Espino dijo que cree que ambos proyectos serán necesarios a largo plazo. “El cambio climático realmente ha arruinado los canales de navegación naturales que existían”, sumó.
La recurrencia del fenómeno climático de El Niño se ha acelerado a cada tres años, extendiendo la temporada seca en Panamá y agotando gran parte de los recursos hídricos del país con el quinto mayor índice de precipitaciones en el mundo.
Su próxima ocurrencia, prevista para 2027, será nuevamente un desafío para el canal, ya que no se espera que el proyecto de Río Indio esté listo antes de 2030, dijo a Reuters el jefe del canal, Ricaurte Vásquez.
En preparación para la próxima sequía, el canal ha cambiado su modelo de reserva, está llamando a los transportistas a consolidar cargas y está preparando medidas de reciclaje de agua.
En los últimos años, la expansión de viviendas cerca de la vía interoceánica ha intensificado la competencia del canal con las comunidades circundantes por el agua dulce, dijo la ambientalista Raisa Banfield, con sede en la Ciudad de Panamá.
“El canal existe y debe funcionar de la manera más eficiente posible”, dijo Banfield. Pero, agregó, es necesario que haya un equilibrio. “¿Cuánto vamos a sacrificar para que sigan pasando barcos, y más barcos y barcos más grandes?”, concluyó.
Fuente: Portal Portuario
