Tras una auditoría a la Autoridad Portuaria Nacional (APN) -que actúa en representación del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (concedente)-, a ProInversión y Ositran, la Contraloría de Perú identificó la presunta responsabilidad de 22 funcionarios y exfuncionarios de la APN y Ositran involucrados en este caso, según informó Gestión.
De acuerdo a la pesquisa de la Controloría, se halló que:
-La APN aprobó los expedientes técnicos de obras civiles, equipamiento complementario y servicios de sistemas de información como inversiones adicionales, y Ositran las reconoció como tal, pese a que correspondían a inversiones mínimas, lo que ocasionó un perjuicio al Estado de US$2.947.253. por la reducción del monto de inversión adicional, incluido IGV, consignado en la propuesta económica del concesionario.
-La APN aprobó expedientes técnicos de las obras de infraestructura portuaria con cargo a la inversión adicional, y el Ositran las reconoció como tal, pese a que correspondían a obras mínimas de acuerdo al contrato y propuesta técnica del concesionario, ocasionando un perjuicio al Estado de US$3.244.169 por la reducción del monto de inversión adicional, consignado en la propuesta económica del concesionario.
Cabe precisar, que el contrato de concesión define a las inversiones mínimas como aquellas que comprenden la ejecución de las obras mínimas que el concesionario debe realizar para la construcción de un muelle de contenedores y reforzamiento del muelle espigón existente o la construcción del segundo amarradero del muelle de contenedores.
En tanto, la inversión adicional es el monto consignado por el concesionario en su propuesta económica destinado a la realización de obras adicionales previstas en el contrato, como por ejemplo vías de acceso terrestre al terminal, ampliación del muelle espigón existente y otras.
-El concesionario (Terminales Portuarios Euroandinos) entregó fuera del plazo previsto en el contrato de concesión, la información que acreditaba el cumplimiento de los Niveles de Servicio y Productividad (NSP) de 8 trimestres de la concesión; y el Ositran no inició el procedimiento administrativo sancionador al concesionario, pese a que constituía una infracción grave, lo que ocasionó que no se aplique una sanción de US$217.806. como mínimo.
La APN modificó la metodología para la medición de los NSP del terminal portuario de Paita, incorporando sin sustento técnico deducciones de tiempo para el cálculo de los rendimientos exigidos en el contrato de concesión, lo que generó la afectación de la calidad de los servicios prestados a los usuarios y el favorecimiento al concesionario, siendo pasible de penalidades por US$37.136.
-El concesionario (Terminales Portuarios Euroandinos) no presentó dentro de los primeros cuatro meses de cada año de la concesión, los estados financieros auditados de sus accionistas fiadores, según lo previsto en la adenda N°1 al contrato de concesión, ocasionando perjuicio al Estado por US$82.131 debido a la inaplicación de las penalidades correspondientes.
La Contraloría, aclaró que la presentación de los estados financieros es verificar la exigencia del patrimonio neto de los accionistas fiadores para garantizar la ejecución de la inversión adicional.
El informe de auditoría -precisó la Contraloría- fue notificado a los titulares del MTC, Ositran, ProInversión y de la Autoridad Portuaria Nacional (ANP) el 8 y 11 de marzo de 2019.
Asimismo, fue derivado a la procuraduría pública de la Contraloría para que inicie las acciones legales respectivas, así como al órgano instructor para que determine el inicio del procedimiento administrativo sancionador correspondiente a los 22 funcionarios y exfuncionarios involucrados en el caso, 16 de ellos con presunta responsabilidad penal y todos con presunta responsabilidad administrativa.
Fuente: Mundo Marítimo
