Las exportaciones atuneras cayeron el 2019, luego de dos años buenos. Entre enero y noviembre se vendieron USD 1 015,3 millones, que significó 3,8% menos, en relación con el mismo período del 2018.
Eso ocurrió pese a que el volumen de conservas, lomos y otras preparaciones de atún aumentó 7%. Los envíos fueron de 231 101 toneladas (t), según los datos de la Cámara Nacional de Pesquería (CNP), que cree que la tendencia se mantuvo en el cierre del año.
El 2019 estuvo marcado por los precios bajos en la materia prima. El valor promedio de la tonelada de atún en el puerto de Manta fue USD 1 200, cuando en el 2018 fue de USD 1 600.
Para Bruno Leone, presidente de la CNP, esa variación en los precios impactó en las exportaciones, pero cree que todo el sector tuvo buen desempeño. “Las capturas fueron mayores, la demanda estuvo más fuerte y las condiciones oceanográficas nos favorecieron”.
Hubo sobreproducción en todo el mundo. En el océano Pacífico oriental, donde pesca la flota ecuatoriana, las capturas aumentaron 8,9%, según la Comisión Interamericana del Atún Tropical (CIAT). Ecuador pescó 290 000 t, 40 000 más que el 2018. Otras 210 000 t se importaron para completar 500 000 t que demandan las plantas atuneras.
Mónica Maldonado, directora ejecutiva de la Cámara Ecuatoriana de Industriales y Procesadores Atuneros (Ceipa), dijo que el año pasado fue de transición. Las industrias perdieron competitividad, por poca eficiencia operativa y altos costos financieros.
Aspira a que con la aplicación del ‘drawback’ (devolución automática de impuestos), contemplado en la Ley de Simplificación Tributaria, se le inyecte liquidez.
El 2020 es de desafíos para el sector. Se espera que el volumen de ventas se mantenga y que el precio repunte. También está obligado a superar la tarjeta amarilla impuesta por la Unión Europea (UE).
El 16 de octubre, la Dirección de Asuntos Marítimos y de Pesca (DG Mare) advirtió que Ecuador corre el riesgo de ser identificado como no cooperante en la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada. Eso pone en vilo al principal mercado de destino del atún. La UE capta el 66%, seguido del resto de países de Latinoamérica (22%) y EE.UU. (11%).
El país está contrarreloj porque corre el plazo de seis meses para corregir los 28 puntos que exige la UE, que pasará revista a finales de marzo.
Un comité de crisis interinstitucional se integró con los sectores público y privado. De ahí debía salir una ‘hoja de ruta’ para entregarla al bloque.
Pero no se concreta. El ministro de Comercio Exterior, Iván Ontaneda, dijo que estaría lista a finales del 2019 y que se asignarían USD 18 millones.
La Delegación de la UE en Ecuador informó a este Diario que “está a la espera de recibir una hoja de ruta de Ecuador”.
Además, señaló que es necesario que se demuestren “progresos tangibles” en temas de preocupación. “En caso de que no haya progreso suficiente, la Comisión Europea evaluará la pertinencia de la tarjeta roja”.
ProEcuador indicó que el Gobierno colabora de “manera cercana” con la UE para cumplir con el plan de acción.
En próximos días se inicia la elaboración del plan que se entregaría en tres semanas.
El gremio es optimista de que en marzo presentará los avances y a finales del 2020 se levantará la tarjeta amarilla.
Entre los puntos claves está la nueva Ley de Pesca y Acuicultura. La Comisión de Soberanía Alimentaria de la Asamblea aprobó, el 16 de enero, el informe para segundo debate.
El proyecto, de 229 artículos, pone énfasis en combatir la pesca ilegal. La normativa contempla “multas muy graves de hasta 1 500 salarios básicos unificados”, según el asambleísta Lenín Plaza. Además, establece medidas de ordenamiento que regulan las actividades acuícolas y pesqueras.
Está pendiente la fecha en que pasará a debate del Pleno, aunque el gremio prevé la aprobación en un mes. El punto cuestionable es la creación de una Agencia de Regulación y Control. La CNP cree que no se necesita otro ente burocrático y espera que el presidente Lenín Moreno vete esa parte.
La Cámara considera que es necesaria una regulación que establezca reglas para la pesca de importación. Proponen que se tenga una autorización previa para conocer: origen, nombre y bandera del barco. El documento podría estar listo la próxima semana. Aunque dependerá del nuevo subsecretario de Pesca o del Ministro.
El sector privado también solicitó la creación de un Observatorio de Trazabilidad. Según Ceipa, eso lograría incrementar el control y vigilancia de los productos pesqueros .
Fuente: ElCormerico
