El Gobierno tiene cuesta arriba para cubrir sus necesidades de financiamiento en este 2020. Pese a la posible concreción de la renegociación de la deuda externa, que ha sido recibida como una buena noticia para el país, “el hueco gigantesco que existía y que llegaba a $13 500 millones aún sigue siendo enorme y difícil de cubrir”, asegura Alberto Acosta Burneo, editor de Análisis Semanal, al comentar sobre la situación financiera del país.
Efectivamente las cifras oficiales presentadas ante los tenedores de bonos hace pocas semanas hablaban de que la necesidad para el 2020 era de $13 500 millones y que existía un financiamiento programado de $4200 millones en desembolsos de multilaterales y $2600 millones provenientes de deuda interna. Así la brecha se acortaba a $6700 millones.
Sin embargo, esta podría ser cubierta por el crédito con China y una entrega adicional de recursos por parte del Fondo Monetario Internacional (FMI) de $800 millones. El Gobierno aseguró a los tenedores que los $3500 millones restantes difícilmente podrían ser cubiertos con medidas de ajuste.
Por ello, para Acosta Burneo los $1300 millones de intereses que podría dejar de pagar este año el Gobierno por la renegociación de deuda bajan el hueco, pero no significa que haya dinero para gastar.
Cree que ha habido equivocadas interpretaciones en varios sectores, que incluso piden pagar deuda interna, cuando esto será imposible. Más bien considera que los huecos que siguen existiendo se llenarían con Cetes o Notes, que es lo que está por aprobarse en la Ley de Finanzas Públicas que ahora permanece en la Asamblea Nacional.
Para Acosta lo que se ha logrado con la renegociación apenas es corregir uno de los síntomas de la grave enfermedad que es el gasto público descomunal.
El Observatorio de la Política Fiscal (OPF) ve a las cifras desde otro ángulo, pero igualmente son preocupantes. De acuerdo con Jaime Carrera, secretario ejecutivo del Observatorio, actualmente el déficit (ingresos menos gastos) es de $6000 millones, pero a esta cantidad hay que sumarle el pago de $1000 millones de amortizaciones y la acumulación de $3000 millones de atrasos en los que ha incurrido. Por ello, para tener las cuentas al día el Gobierno requeriría realmente unos $10 000 millones.
Es una cantidad muy importante que es prácticamente imposible cubrirla y por ello el Gobierno buscará sobrevivir hasta finales del mandato con medidas parche. De lo que se conoce el régimen tendría que echar mano de varias vías, explica. La primera justamente es buscar más créditos. En estos días el Gobierno ha impulsado la consecución de un crédito por $2400 millones del Industrial Commercial Bank of China, pero se ha encontrado con algunos tropiezos.
Este crédito está atado a petróleo y requiere de una aceptación de Petroecuador, que consideró que la operación de petróleo no es conveniente para la empresa y que podría generarle pérdidas. Como salida jurídica, el Gobierno emitió el decreto 1075 que permite que cuando el Ministerio de Finanzas lo requiera, no sea prioridad la rentabilidad de la petrolera, sino un beneficio para el Estado. Actores políticos como César Montúfar y Fernando Villavicencio presentaron una demanda de inconstitucionalidad al decreto.
De otro lado, el Gobierno tiene previsto llegar a un acuerdo de Facilidad Extendida con el FMI. Se desconoce aún los montos posibles a obtener, pero oscilaría entre $3000 millones, considera Carrera. También está pendiente un crédito de FLAR por $400 millones. Por lo que con todos estos dineros ($5400 millones) aún es difícil cerrar la brecha, pues faltarían $4600 millones.
Así que lo más seguro es que no se pagarán atrasos (actualmente están en $3000 millones) y se dejará que siga rodando esa “bola” hasta fin de año. Por lo tanto, aún están pendientes de financiamiento $1600 millones más. Este espacio puede ser cubierto, por un lado con deuda interna, con papeles o bonos, y por otro pasar a engrosar el rubro de atrasos.
AJUSTE
El Gobierno anunció, en mayo, varias medidas de austeridad que incluían un recorte de al menos $4000 millones. La cifra incluye la reducción de masa salarial en $980 millones; $400 millones menos en gastos de bienes y servicios y la caída de la inversión en $1300 millones. Asimismo, el ahorro de $1300 millones más en los intereses.
MEDIDAS
Sin embargo, la reducción salarial estaba basada en la reducción de la jornada laboral del sector público de la Función Ejecutiva (de 8 a 6 horas), con excepción de Salud, Policía y Fuerzas Armadas. También tenía que ver con el cierre de siete empresas públicas y la liquidación de Tame; así como la eliminación de ministerios, embajadas y consulados. Estas últimas medidas ya se han venido cumpliendo.
Fuente: ElUniverso
