Los gremios productores y exportadores de banano de Ecuador, Colombia, Costa Rica y Guatemala, que representan el 65 % de la producción mundial de la fruta, convocaron a través de un comunicado a la Rainforest Alliance (RFA) a explicar supuestas irregularidades en la emisión de estándares fitosanitarios y de derechos sociales publicados para el sector bananero semanas atrás y que entrarían en vigencia en junio del 2021.
La RFA es una organización internacional sin fines de lucro que trabaja en la intersección de negocios, agricultura y bosques. Entre las irregularidades, según los gremios, están la omisión del proceso de diálogo y socialización, ausencia de argumentos técnicos y consecuencias económicas para los trabajadores del sector.
Estas observaciones fueron expuestas el pasado 16 de julio durante una reunión entre los gremios de los cuatro países y representantes de la RFA, quienes se comprometieron a convocar reuniones técnicas entre los gremios y sus técnicos.
En tanto, Emerson Aguirre, representante de la Asociación de Bananeros de Colombia (Augura), aseguró que la RFA recibió más de 200 opiniones con sustento técnico en sus consultas públicas durante el proceso de elaboración de los estándares, pero solo el 2 % fue tomado en cuenta.
Julio Mérida, representante de la Asociación de Productores Independientes de Banano (APIB) de Guatemala, aseguró que el documento de la RFA no recoge los principales desafíos y problemas a los que se enfrenta la región, tales como el COVID-19 y sus consecuencias económicas, el Fusarium R4T, la sigatoka negra, entre otros.
Por su parte, los gremios ecuatorianos, representados por el clúster bananero –que agrupa a la Asociación de Comercialización y Exportación de Banano (Acorbanec), la Asociación Ecuatoriana de Exportadores de Banano del Ecuador (AEBE), la Corporación Regional de Ecuatorianos Bananeros (Agroban) y la Cámara de Agricultura de la II Zona–, señalaron un creciente alejamiento de la RFA con la realidad del mercado que pondría en peligro la viabilidad económica de la industria regional.
Añadieron que la organización internacional no ha trabajado en la percepción y participación del consumidor.
“No tiene en cuenta el inmenso esfuerzo y costes relacionados que hemos hecho en los últimos años, tanto en materia social como medioambiental. Nuestra inversión no se ve reflejada en el precio final, no ha tenido retorno, más bien lo contrario, los supermercados europeos imponen siempre precios cada vez más bajos”, criticó Juan José Pons, coordinador del clúster bananero.
Mientras, tras el compromiso de la RFA, Richard Salazar, presidente de Acorbanec, espera que la nueva norma entre en vigor a partir de enero del 2022. “La norma iba a entrar en vigencia en junio del 2021 y pedimos que se extienda a enero del 2022 porque los contratos los firmamos cada año de enero a diciembre”, explicó el dirigente.
Por su parte, José Antonio Hidalgo, director ejecutivo de AEBE, se mostró preocupado en alcanzar lo más pronto posible un acuerdo con la organización internacional.
“A mediados de septiembre nuestros agremiados cierran contratos de compra con sus socios internacionales y necesitamos un sello que nos sepa acompañar. Necesitamos llegar a un acuerdo con RFA o tendremos que buscar alternativas”, sostuvo.
Fuente: ElUniverso
