El cobro anticipado del impuesto es un “atentado económico”

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El Gobierno insiste, casi sin cambios, en la propuesta que fue negada por la Corte Constitucional. Justifica la recaudación para pagar deudas atrasadas con el sector de salud.

“Tropiezan tres veces con la misma piedra y reviven el anticipo”. Patricio Alarcón, presidente de la Cámara de Comercio de Quito, rechazó el nuevo intento del ejecutivo de decretar el pago anticipado del impuesto a la renta correspondiente a 2021.

En las últimas horas de la noche del pasado 2 de septiembre, Lenín Moreno, presidente de la República, emitió el decreto 1137, con el que insiste en cobrarles a 1.188 grandes empresas, que hayan tenido ventas mayores a $5 millones en 2019 y hayan registrado utilidad entre enero y julio 2020.

Según Napoleón Santamaría, experto tributario, ese nuevo decreto “no cambia en nada” al anterior publicado el 27 de julio pasado. La única novedad es que, en esta ocasión, el Gobierno trata de justificar en qué se van a gastar los recursos.

Así, se detalla que todo se utilizará para cubrir deudas atrasadas con el sistema de salud por $157’730.555,39 y requerimientos adicionales, con el mismo sector, por $265’290.663,97.

Esa argumentación no corrige las dos principales objeciones de la Corte Constitucional sobre el primer decreto.

“Se declaró la inconstitucionalidad porque, según el órgano de justicia, el Gobierno no le puede echar la culpa, exclusivamente a la pandemia, de la situación económica, lo que significa que no se sustenta el cobro anticipado utilizando la figura del Estado de excepción. Además, con la medida recaudatoria no se soluciona la crisis, pero si se producen perjuicios a la liquidez de las empresas y la misma economía”, puntualizó Santamaría.

Acciones desesperadas

El decreto se publicó el día 2, y para el próximo 11 de septiembre, es decir, en 8 días, ya se exige un solo pago, sin facilidades ni posibilidades de dividir el impuesto en cuotas.

“El Gobierno está tan desesperado que incurre en ese tipo de jugarretas para evitar que, antes de comenzar a recaudar, llegue el pronunciamiento de la Corte Constitucional”, alertó Santamaría y, al mismo tiempo, anunció que varios abogados presentarán este lunes una acción, ante los tribunales fiscales, para evitar el cobro.

La desesperación del ejecutivo se visualiza en toda su dimensión en el hecho de que, no solo se busca adelantar el impuesto a la renta de 2021, sino que ya se ha anticipado la recaudación de otros impuestos.

Natalia Arboleda, economista y tributarista, explicó que antes las empresas y personas naturales declaraban su IVA y retenciones mensuales de acuerdo con el noveno dígito del RUC. Pero, desde este mes, todo cambia y todos deben pagar el día 9.

“A eso se suma que el Gobierno ha aumentado, entre 1,75% y 2,25%, las retenciones del impuesto a la renta. Es decir, hay toda una lógica de sacar la mayor cantidad de dinero en el menor tiempo posible, debido a que no tienen ni para pagar a tiempo los sueldos”, aseveró

Cobro sin base legal ni tributaria

Según el decreto, se debe sacar el 85% de la utilidad contable, y sobre ese total, se obtiene el 25% como tributo anticipado. Pero, a criterio de Santamaría, el impuesto a la renta no se paga sobre utilidades contables, sino sobre la llamada base imponible, que excluye ingresos exentos, gastos no deducibles, amortizaciones, entre otros

“Se está desnaturalizando el impuesto. Por eso, vamos a pedir que se suspenda el decreto por violar ese principio de la tributación. Pero también para decirle a Moreno que ya no se gaste la plata del futuro”, afirmó

Pablo Arosemena, presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil, aseguró que lo que hace el Gobierno es talibanismo tributario. “Secuestrar liquidez del sector productivo mediante impuestos anticipados, basados en supuesta utilidad contable, cuando bien saben que en plena crisis no hay flujo, y para remate, pagadero hasta este 11 de septiembre sería un atentado económico”, dijo

Finalmente, el escenario se completa con el hecho de que, si se concreta el cobro antes del dictamen constitucional, las empresas deberán esperar, al menos, 6 meses para la devolución, lo que complica aún más los problemas de liquidez.

Fuente:LaHora

Guardado en:  Economía | ECONOMÍA DEL ECUADOR
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