¿Cuál es el aporte que hará el Estado en la crisis? Esa es la primera pregunta que se hacen empresarios y ciudadanos, luego del anuncio de las medidas económicas del Gobierno para afrontar la crisis económica y sanitaria a causa del COVID-19.
La propuesta del gobierno de Lenín Moreno se basa en dos ejes principales: la creación de un fondo nacional de emergencia y deuda de China y de organismos multilaterales.
A través del aporte de los ciudadanos, empresas y más deuda se proyecta cubrir los gastos de ampliación de programas sociales, ingresos temporales para desempleados, equipamiento de salud, entre otros aspectos.
Mediante la contribución de empresas y trabajadores del sector privado, el Gobierno espera conseguir para el fondo de emergencia $ 1.211 millones.
«Lo que anunció el Gobierno golpea más la economía de las familias ecuatorianas. Prefirieron pagar $ 324 millones en deuda que pudo servir para salud, educación, para reactivar al país, todo esto es una barbaridad», indicó Guillermo Celio, asambleísta de SUMA
Patricio Alarcón, presidente de la Cámara de Comercio de Quito (CCQ), señaló, a través de Twitter, que las empresas todavía no terminan de pagar la contribución temporal establecida en la Ley de Simplicidad y Progresividad Tributaria, que rige desde enero de este año, y el Gobierno pide ahora un nuevo aporte.
Pedir una contribución a las empresas que han dejado de producir y vender o a ciudadanos que no han cobrado sueldos es contraproducente, aseguró Alberto Acosta Burneo, editor de Análisis Semanal. Las medidas pueden reducir aún más la liquidez, añadió.
«Son medidas duras especialmente para el sector privado, pero no creo que sean descabelladas. Ahora falta que el Gobierno diga cuál será el sacrificio desde el sector público. Hay muy poca capacidad de maniobra», afirmó Luis Espinosa Goded, profesor de la Universidad San Francisco de Quito
El fideicomiso que manejará el fondo de emergencia también plantea interrogantes. El viernes en la noche, el ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez, señaló que el fondo nacional de emergencia será manejado por ocho personas de la sociedad civil.
La comisión, dijo el titular de Finanzas, buscará ser nombrada bajo esquemas de equidad de género y mayor representatividad de Guayaquil, ciudad que ha sufrido más la crisis sanitaria.
La creación de un fideicomiso con dineros públicos rompe la institucionalidad del país, aseguró Napoleón Santamaría, experto en materia tributaria.
«Conmigo no cuenten para meter la mano al bolsillo de los que menos tienen. Banco Central puede ser el administrador fiduciario, no “iluminados” que no podrán ser fiscalizados. Todos arriman el hombro, menos el Estado, manifestó Marcela Aguiñaga, asambleísta de la Revolución Ciudadana.
“Los impuestos los cobran los Estados y lo administran los Estados (…) Se ha roto el concepto fundamental de la administración del Estado. Alguien no quiere gobernar, alguien no quiere administrar”, señaló Santamaría.
Una opción distinta, mencionó el experto, sería que el Gobierno cree un comité veedor de la administración de los fondos públicos.
Si bien los fondos públicos serían manejados por un fideicomiso privado, el control deberá realizarlo la Contraloría o la Fiscalía, añadió Santamaría.
«Como dice la gente, están tratando de sacársela y le dejan al sector privado la recaudación de $ 1.200 millones en impuestos, pero además que sea ese mismo sector el que administre los recursos obtenidos», puntualizó Fausto Ortiz, exministro de Finanzas.
Otra de las dudas es si el proyecto de ley que contiene las propuestas de Moreno podrá ser aprobado por la Asamblea Nacional. El Ejecutivo ha tenido serios inconvenientes para la aprobación de iniciativas en materia económica en el Legislativo. Incluso, proformas presupuestarias han sido rechazadas por los asambleístas.
Martínez aseguró el viernes que la propuesta legal será corta y que tendría entre 30 y 34 artículos. El titular de Economía y Finanzas sostuvo que el texto sería enviado ayer; hasta el mediodía todavía no había llegado a la Asamblea.
«Hay que apelar a la solidaridad de empleados públicos y privados pero sobre una base de $ 1.200, porque $ 500 es muy bajo tomando en cuenta que la canasta básica está sobre ese valor. No hay apoyo directo para emprendedores», explicó Vilma Andrade, asambleísta de Izquierda Democrática
¿Qué temas tendrá el proyecto de ley? Moreno mencionó que la propuesta que presentará a la Asamblea se divide en cinco puntos: Nadie podrá ser desalojado por no pagar el arriendo; el IESS ampliará la cobertura de salud a quienes se queden sin empleo; el seguro de desempleo se cobrará en siete días; proteger a los niños para que no abandonen la escuela; y nuevo financiamiento de multilaterales y otros organismos para dar liquidez a las empresas del país.
El asambleísta de Alianza PAIS Esteban Albornoz aseguró que esperan revisar el texto completo para tener una visión integral de las medidas. No obstante, adelantó que a la par de las contribuciones, el Gobierno debe también implementar medidas compensatorias, tanto para los trabajadores como para las empresas.
«Desde los trabajadores hemos hecho varias propuestas, no de ahora, pero se propone una medida inconstitucional, que es quitar parte de sus sueldos a trabajadores que ganan $ 500. No hay una propuesta integral», expresó José Villavicencio, dirigente sindical.
Sobre la creación del fideicomiso para el fondo de emergencia, Albornoz dijo que el dinero de los ciudadanos y las empresas debe ser manejado por el Estado.
El ministro Martínez sostuvo que espera que los asambleístas lleguen a consensos, tomando en cuenta que el país vive una emergencia.
Fuente: Diario Expreso
