El programa económico con el Fondo Monetario Internacional (FMI) contempla una reforma tributaria para subir los ingresos fiscales en unos USD 2 000 millones en el 2022, año en que se espera una reactivación económica.
La tarea le corresponde al siguiente Gobierno, pues el actual solo dejará un borrador. Según el acuerdo con el FMI, publicado ayer, 5 de octubre del 2020, la siguiente administración deberá presentar la Ley en septiembre del 2021.
En el reporte del FMI, se sugiere que los USD 2 000 millones se conseguirían con un alza de tres puntos al impuesto al valor agregado (IVA), con lo que tributo sería del 15%.
El documento señala que sería un “incremento amigable y progresivo”, que tendría un efecto menor en los hogares de menores ingresos, debido a que una gran fracción de los bienes consumidos por estas familias en el país permanecerán exentos del tributo.
Otra sugerencia es hacer una reforma progresiva a los impuestos que generan las personas naturales, enfocada en aquellos que tienen más ingresos.
También se recomiendan cambios para los contribuyentes empresariales que pagan el impuesto a la renta.
Otro aspecto de la reforma tendría que ver con la eficiencia de la recaudación para reducir los riesgos de incumplimiento, por ejemplo, con la creación de una oficina de grandes contribuyentes.
“El sistema tributario aún necesita ser reforzado y mejorado, tenemos una base relativamente pequeña, altas asignaciones personales, complejidad, los ingresos por impuestos a la renta y al valor agregado siguen siendo bajos, según los estándares internacionales y regionales, por la baja tributación, tasas y aplicación deficiente”, apunta la carta de intención de Ecuador.
También se plantea la reducción de las exenciones del IVA a las universidades y la eliminación de la devolución del IVA a los adultos mayores. Otra sugerencia es hacer cambios para una mayor eficiencia en la recaudación e incluso la creación de un nuevo impuesto a las emisiones de CO2.
Ayer, 5 de octubre, el ministro de Finanzas, Richard Martínez, detalló que se plantea revisar los gastos tributarios que bordean los 5 puntos del PIB. Los gastos tributarios son aquellos impuestos que el Fisco deja de recibir por la aplicación de excepciones o regímenes especiales.
Patricio Alarcón, presidente de la Cámara de Comercio de Quito (CCQ), lamenta que en el mediano plazo no se plantean reformas estructurales para reducir el tamaño del Estado. “Se plantea subir impuestos aún cuando la carga tributaria es la más alta de la región. Si se analiza de forma macro se mantiene la misma fórmula en la que los ciudadanos siguen financiando el gasto”, dijo.
Pablo Zambrano, presidente de la Cámara de Industrias y Producción (CIP), señaló que el gremio analizará el impacto que tendría esta reforma en el consumo, que apenas se está recuperando debido los efectos económicos de la pandemia por el covid-19.
El FMI reconoce que este y otros compromisos del programa no dependen solo de este Gobierno sino del siguiente, que llegará a Carondelet en mayo del 2021.
Alejandro Werner, director del Departamento del Hemisferio Occidental, indicó que por ello el Fondo está dispuesto a hacer modificaciones al programa. “Los programas se modifican siempre que la lógica se sustente y los objetivos se mantengan. De acuerdo con las nuevas fuerzas políticas que están al mando, siempre ha habido cambios, y sí, puede tener modificaciones para acomodarse a los nuevos planes del nuevo Gobierno”, dijo.
Metas para este Gobierno
El actual Gobierno deberá cumplir con 10 metas hasta mayo próximo, cuando deje la administración.
Una de ellas es implementar las medidas de transparencia de la información fiscal contenidas en la reforma del Código de Planificación y Finanzas Públicas, aprobada el año pasado. Otra acción es mejorar la supervisión al Banco Central con, por ejemplo, un auditor externo. Además, deberá mejorar la publicación de información relacionada con la Declaración de bienes de los funcionarios de alto nivel. A finales de diciembre deberá presentar una Ley anticorrupción y en enero del próximo año, una reforma legal para dotarle de autonomía al Banco Central del Ecuador (BCE).
Además, Finanzas deberá entregar un plan presupuestario para el 2021, dado que ese año rige el mismo presupuesto de este año, por ser un año electoral. Ese plan presupuestario deberá ser en acuerdo con personal técnico del FMI.
Además, deberá presentar una estrategia para limitar los atrasos del sector público con diferentes actores.
Finalmente, el Ministerio de Finanzas deberá implementar acciones encaminadas a mejorar la calidad de las estadísticas fiscales.
Ajuste al gasto se hará en el 2021
El programa con el Fondo Monetario Internacional (FMI) contempla una reducción de gastos por USD 3 000 millones, hasta el 2025. El mayor ajuste vendrá por el lado del egreso para inversión pública y será en el 2021. Además, el Gobierno se comprometió a reducir el gasto en salarios en unos USD 600 millones.
El ministro de Finanzas, Richard Martínez, destacó ayer que el Fisco ha realizado un esfuerzo importante e incluso desde el año pasado se cambió la tendencia y bajó el gasto en salarios del sector público.
El Gobierno ha realizado un ajuste principalmente en las empresas públicas. Otros rubros donde se han realizado optimizaciones son las contrataciones por servicios ocasionales.
Martínez dijo ayer que los recortes también tienen limtaciones, pues la mayor parte de la burocracia son maestros, médicos y personal de seguridad pública.
Las metas establecidas con el FMI hasta el 2021 también prevén recortes en los bienes y servicios para mantenimiento del Estado y recogen, además, los esfuerzos de revisión que ha realizado el Fisco a los subsidios a los combustibles, aplicados desde el 2019 hasta julio de este año.
Más bonos sociales hasta 2021
El acuerdo entre Ecuador y el Fondo Monetario Internacional (FMI) plantea aumentar en más del doble la ayuda financiera a las personas en situación vulnerable. La meta es pasar del 37% de cobertura al 80%, hasta diciembre del 2021.
Actualmente, 972 000 familias reciben el bono de desarrollo humano. Hasta el 2020 el número se incrementará a 225 000 y en abril del 2021 se sumarán 159 000 nuevos beneficiarios.
Esto significará un aumento del gasto social en cerca de USD 1 000 millones, equivalentes al 1% del Producto Interno Bruto.
Como parte de las acciones para fortalecer la atención social, las autoridades también se comprometieron a actualizar y modernizar el Registro Social, que detalla el número de personas en situación vulnerable o de más bajos ingresos.
Para ello se activará un comité interinstitucional con participación de la Secretaría General de la Presidencia, el Ministerio de Economía y Finanzas, la Secretaría Plan Toda Una Vida y el Ministerio de Inclusión Económica y Social. Ese comité deberá reunirse mensualmente para revisar la información.
Fuente: ElComercio
