Por: Redacción CAMAE
Con los objetivos de hacer viables proyectos portuarios en nuevos polos de desarrollo de Colombia, y de bajar la concentración de sociedades portuarias en los puntos tradicionales, como Cartagena, Barranquilla, Santa Marta y Buenaventura, el Gobierno incluyó en el Plan de Desarrollo un artículo que modifica los períodos de concesión de este tipo infraestructuras, que hoy es de 20 años, prorrogables por otro período.
La propuesta consiste en que para nuevo proyectos en aguas profundas, las concesiones lleguen hasta los 80 años, consignó EL TIEMPO.
La ministra de Transporte, Ángela María Orozco, explicó que en un modelo en el cual los inversionistas privados tienen hoy a cargo toda la búsqueda de recursos, así como la obligación de asumir los riesgos que ello acarrea, varios proyectos en puntos diferentes no son viables, ya que en los plazos actuales las inversiones no se pueden amortizar.
En el artículo 78 del proyecto de ley del Plan Nacional de Desarrollo, el Gobierno menciona los llamados puertos Greenfield, entendidos como aquellas iniciativas que deben comenzar de cero y, aparte de la construcción de los muelles y demás infraestructura, requieren vías de acceso, conectividad con otros modos de transporte y comunicaciones, entre otros componentes.
De acuerdo con la funcionaria, hay proyectos de 600 millones de dólares o superiores, cuya modelación financiera muestra que pagar las inversiones no es posible en los 40 años, tope actual para las concesiones portuarias.
Y, teniendo en cuenta que el Estado no cuenta con recursos para impulsar estas iniciativas, la propuesta es extender los períodos de las futuras concesiones, pero también buscando que la oferta portuaria se salga de los puntos tradicionales.
En este sentido, la ministra Orozco dijo que, por ejemplo, esto se aplica a terminales en aguas profundas que estén fuera de los canales de acceso de los ríos, es decir, en mar abierto, las cuales no requieren dragados permanentes porque no reciben sedimentos.
Pero el proceso, según explicó la funcionaria, se complementará con el estudio de proyección de carga en el que ha insistido la Cámara Colombiana de la Infraestructura, el cual permita tener claridad sobre por dónde se moverá la mercancía de comercio exterior en los próximos años.
En este sentido, este año el Gobierno hará la contratación de dicho estudio para determinar la oferta exportable y el volumen de las importaciones futuras, base para el estudio de las nuevas concesiones portuarias en nuevos puntos que impidan la ‘canibalización’ de varios agentes en un mismo mercado.
Según las cifras de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), de las 11 iniciativas presentadas ante la entidad, las cuales tienen diferentes niveles de avance, hay cinco en sitios diferentes a Buenaventura, Cartagena y Ciénaga (cerca de Santa Marta).
Entre el 2010 y el 2018, la inversión en puertos de uso público superó los 2.550 millones de dólares, según la ANI, de los cuales el 75 % se ejecutó entre el 2012 y el 2016.
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