En el veto parcial a la Ley de las Finanzas Públicas, enviado el 15 de junio a la Asamblea, el Ejecutivo establece un programa de 12 años para que la deuda pública se reduzca hasta alcanzar el 40% del Producto Interno Bruto (PIB).
Este planteamiento está dentro de las 16 objeciones presentadas por el presidente Lenín Moreno al texto que fue aprobado por la Asamblea Nacional, informó Diario El Comercio.
El plan de reducción del endeudamiento establece que el Estado deberá bajar progresivamente el peso de las obligaciones con acreedores, hasta un tope del 57% del PIB en el 2025, del 45% en el 2030 y, finalmente, del 40% desde el 2032 en adelante.
Estos porcentajes constituyen los límites permitidos durante esos años. La propuesta del Ejecutivo anticipa un incremento del endeudamiento público durante los próximos cinco años, ya que actualmente la deuda pública representa un 52% en el PIB, según datos del Ministerio de Economía y Finanzas.
Con la caída del PIB, que para este año el Banco Central prevé en 9,6%, el nivel del endeudamiento frente a este índice se ubica en 59,3%. Además, las actuales condiciones económicas del país -pérdidas millonarias por la pandemia, incertidumbre en el mercado petrolero y USD 17 500 millones por pagar en bonos hasta el 2030- hacen prever mayores necesidades de financiamiento público.
Esta es la lectura que hacen los economistas Hanns Soledispa, director de Exponential Research; Gonzalo Paredes, docente de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil; y Diego Olmedo, analista económico. “Lo que se observa, con el veto, es que la economía de aquí a cinco años tiene que estabilizarse”, comenta Paredes.
La objeción parcial del Ejecutivo a la Ley de Finanzas Públicas también contempla que desde el 2022, de manera bianual, se anexará a la Proforma del Presupuesto General del Estado un plan de reducción de deuda pública. Para Olmedo, la objeción presidencial permitirá al Ejecutivo cubrir, en el corto plazo, con crédito y otro financiamiento, el déficit fiscal que ya se arrastraba y el que se sumó con la emergencia sanitaria.
“En el mediano plazo, el reto será ver cómo se pagan esas deudas y eso lo tendrá que responder el siguiente gobierno”. La Asamblea inicialmente aprobó que desde el 2022 Finanzas presente un plan para estabilizar el endeudamiento, cuyo techo actual es del 40%.
El Ejecutivo justificó, en el veto, el programa a 12 años para llegar a esa meta en que es necesario dar un período de transición coherente con el actual escenario, ya que los ingresos fiscales han caído. Considera que fijar “estas metas intermedias en el proceso de convergencia del endeudamiento público, hacia el cumplimiento del límite legal, brinda certezas y disminuye el riesgo de discrecionalidad en la gestión fiscal en el futuro”.
Si la ley se aprueba, el cálculo de la deuda también cambiará, ya que se excluirán las obligaciones del Estado con la seguridad social. Pese a ese ajuste, la deuda pública (que pasará a denominarse consolidada) podría pesar el 60% sobre el PIB en este año.
