El éxito comercial que el último año tuvo el sector camaronero contrasta con una crisis interna que debe enfrentar y que es originada por la delincuencia organizada. El 2019, esta industria registró 158 hechos delictivos realizados en Guayas y El Oro (provincias de mayor incidencia) y pérdidas económicas que año a año merman su rentabilidad.
Según la Cámara Nacional de Acuacultura (CNA) la inseguridad representa un costo anual de alrededor de $ 60 millones para el sector. En ese valor constan pérdidas por asalto y robo de camarón y otros insumos, así como la inversión que deben realizar en la contratación de seguridad privada. El 2019, asegura su presidente José Antonio Camponsano, no fue la excepción.
La situación, explica, continuó siendo insostenible ante la falta de patrullajes en zonas terrestres y marítimas consideradas peligrosas; a esto se suma la falta de retenes en puntos estratégicos, insuficiente personal operativo y de inteligencia, ausencia de equipos de comunicación efectivos y la falta de recursos logísticos para atender emergencias.
La preocupación principal, dijo Camposano, es que no ha habido respuestas de las autoridades del Gobierno. El último pedido de asignación de recursos se lo hizo a inicios del año pasado, pero desde ese entonces no ha habido una solución al problema.
En Guayaquil, Camposano se reunió este martes 21 de enero de 2020 con representantes de El Oro, Manabí, Esmeraldas, Santa Elena y Guayas. Juntos acordaron volver a enviar una solicitud al presidente de la República, Lenín Moreno, donde volverán a exigirán el diseño de una mejor política de seguridad. «A diario registramos noticias de robos a embarcaciones e incursiones en fincas por lo que solicitamos se tomen los correctivos urgentes para hacer frente de forma eficiente a la delincuencia organizada», sostuvo.
Otros de los requerimientos es que se incluya al sector en el Cuadro de mando Integral (CMI) de la Policía que actualmente tipifica el delito contra unidades económicas, para que se desagregue un indicador que contemple el robo de motores, embarcaciones, asalto a camaroneras y desarticulación de bandas organizadas que afectan a este sector productivo.
Por último, entre las peticiones también está el diseño de una nueva política del porte de armas. Una resolución del Comando Conjunto de las FF.AA. del 2011 ratifica la prohibición del porte de armas para las personas naturales, pero a los camaroneros se les autoriza a los Centros de Control de Armas tramitar un registro y permiso para la tenencia. No obstante, dice Camposano, eso no ayuda en nada si el sector debe asumir enormes costos para adquirir estas armas. Por ello insisten en que se elimine el 300% el Impuesto a los Consumos Especiales (ICE) que deben pagar en la compra de armas.
Fuente: Diario Expreso
