Ante el retiro del incentivo tarifario al sector industrial a partir del 2024, que anunció el Ministerio de Energía y Minas de la administración del expresidente Guillermo Lasso “no existe una medida de compensación” que una empresa pueda tomar para contrarrestar el impacto, indican empresarios. Pero con la llegada del nuevo Gobierno, esperan que pueda derogarse, pues anticipan que de mantenerse conlleva a que pueda “encarecer” la producción, incluso afectar el empleo.
El pasado 17 de noviembre la cartera de Estado, en ese entonces liderada por Fernando Santos Alvite, dispuso a la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables que “proceda con la eliminación al incentivo tarifario al sector industrial, que se empezó a aplicar desde enero 2018 y consistió, principalmente, en una reducción del valor de la tarifa en el horario de 22:00 a 08:00″.
El presidente ejecutivo de la Cámara Nacional de Acuacultura (CNA), José Antonio Camposano, es un muy enfático al indicar que no hay una alternativa a la que puedan recurrir para que no haya un impacto y anticipa lo que podría ocurrir.
“Se va a encarecer el costo de bienes que están siendo procesados en horas nocturnas, no hay una medida que uno pueda tomar para contrarrestar el impacto del incremento del costo de la energía, esa producción se va a encarecer en la medida, en el porcentaje que corresponda al costo de energía”, afirma.
En ese contexto, indica que los inventarios en el caso de productos congelados como el brócoli, el camarón, productos pesqueros o perecibles que deben estar en cámaras de frío en la noche tenían un costo inferior, pero ahora el costo de ese inventario va a ser superior, “por eso nosotros hemos dicho: es un golpe a la estructura de costos de las empresas”.
Y en el caso que las empresas lleguen a tomar una medida -dice- sería cerrar ese turno y distribuir al personal en turnos del día si es que existe la capacidad o la demanda para esos turnos, porque no hay una medida de compensación.
Para el presidente de la Cámara Nacional de Pesquería (CNP), Bruno Leone, es “una muy mala medida” que tomó la administración pasada y más aún cuando estuvo a una semana de irse el Gobierno. “Es una afectación adicional a la competitividad ya golpeada de todos los sectores productivos”, sostiene.
Leone comenta que Ecuador al estar dolarizado “se ha convertido en un país sumamente caro en todo sentido” y para la producción en particular, puesto que está orientada a la exportación y cuando se sale al mercado internacional hay que competir con otros países.
Un criterio similar tiene Camposano, que señala que al trabajar en comercio exterior no hay justificación para no trabajar 24/7 porque los mercados están operando también.
Hay tres factores de la producción a considerar que intervienen para producir un bien, según Leone, mano de obra, materia prima y gastos generales de fabricación, ya sea para vender localmente o exportar.
Así, por ejemplo, dice que en mano de obra el incremento del salario básico unificado fue puesto sin ningún criterio (durante el gobierno de Guillermo Lasso el sueldo básico tuvo un incremento de $ 25 cada año); en materia prima si bien se han bajado algunas tarifas de impuestos -señala-, aún hay muchos a bienes que se deben importar para producir; mientras que en los gastos generales se incluye los gastos de energía, de los combustibles, de seguridad.
Camposano indica que en el procesamiento de camarón, uno de los eslabones, en una línea de producción, en una planta mediana o grande pueden estar trabajando 400 personas en el turno de la noche. En Ecuador hay más o menos bajo ese esquema unas 45 empacadoras.
El sector camaronero creó entre 10.000 y 15.000 plazas de trabajo entre el 2019 y 2022. “El sector sí ha levantado su capacidad de mano de obra, específicamente en empacadoras, por un lado por el incentivo (tarifario) y, por otro lado, porque el sector se encontró en la pandemia con la necesidad de crear mayores productos de valor agregado”, sostiene.
Leone y Camposano esperan que la medida pueda ser derogada por el nuevo Gobierno. “Habrá que sentarse con las nuevas autoridades y ver si pueden rever una medida de ese tipo. Cualquier dólar que se incremente en la estructura de costos de las empresas de exportación es un perjuicio en definitiva a la fuente de empleo”, dice Leone.
Además de eso, Camposano indica que es importante que en la nueva administración también se genere algo adicional, que a su criterio, quedó en deuda con el Gobierno saliente, una política transparente para la fijación de las tarifas eléctricas, de los combustibles. “Lo hemos consultado, lo hemos pedido y simplemente hay un hermetismo total por parte de Petroecuador, Ministerio de Energía, no se sabe realmente”.
También señala que en el sector están conscientes de que el nuevo Gobierno tiene un periodo de 15 meses y que no se puede pedir que resuelva el 100 % los problemas del país, porque aparte hay problemas estructurales, entre ellos, la inseguridad, y en lo cual el mandatario “debe concentrarse”, pero una vez que se ejecuten acciones en ese campo, considera que “es importante que el presidente mire al interior del Ecuador”.
Camposano comenta como antecedente que el incentivo tarifario al sector industrial era un ganar ganar porque “el Estado empezó a facturar por una demanda energética que no tenía tampoco, la otra parte era simplemente quedarnos cruzados de brazos. Es importante esa aclaración porque se piensa que lo que se hizo fue, que ya trabajamos en la noche y que se nos bajó el costo de energía contra ninguna contraprestación”. (I)
Fuente: Diario EL UNIVERSO
