Siete meses después de la entrada en vigencia de la Ley Orgánica de Simplificación y Progresividad Tributaria, emitida el 31 de diciembre de 2019, los productores y exportadores agropecuarios, entre ellos los bananeros, ya pueden beneficiarse de los tres nuevos esquemas tributarios que la norma dispuso.
Esto después de que el 28 de julio pasado se expidiera el reglamento para su aplicación y el martes 4 de agosto se publicara en el Segundo Suplemento al Registro Oficial n.º 260.
Así, el impuesto a la renta único bananero, el impuesto único agropecuario y la reducción del impuesto a consumos especiales (ICE) a las bebidas alcohólicas ya son aplicables.
En el caso del impuesto a la renta único para el sector bananero, la Ley establece tarifas para productores y exportadores, y se reduce para agricultores que tengan y apliquen la certificación de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA), emitida por Agrocalidad, haciendo posible una reducción del 50 % de los impuestos en la fase de producción, de manera progresiva y de acuerdo con el volumen de fruta.
Según cifras de Agrocalidad, del 2017 al 2020 se emitieron 513 certificaciones BPA: 285 agrícolas y 228 pecuarias.
El artículo 14 de la Ley dispone que la producción y venta local de banano paga hasta 2 % por facturación de las ventas brutas, y que este monto puede bajar al 1 % para el microproductor. Es así que de 1 a 1000 cajas semanales de la fruta, la tarifa por impuesto será del 1 % y permanecerá igual con o sin BPA.
Sin embargo, los beneficios de contar con BPA se empiezan a reflejar a partir de una producción de 1001 cajas, pues desde ese rango hasta las 5000 cajas por semana el productor debe pagar un impuesto del 1,25 %, pero si cuenta con las BPA la tarifa se mantiene en 1 %.
De igual manera con los rangos de 5001 a 20 000 cajas por semana, cuyo impuesto es del 1,50 %; el de 20 001 hasta 50 000 cajas (1,75 %) y de 50 001 en adelante (2 %). En todos estos casos, si los productores cuentan con BPA, pagarán solo el 1 %.
En tanto, sobre el impuesto único agropecuario el artículo 15 de la normativa dispone un tributo que va del 1 % al 1,80 %, dependiendo del nivel de ingresos.
Este tributo, si bien es opcional, funciona con un esquema de tabla a la que todo agricultor, sea grande o pequeño, puede acogerse según su escala.
El agricultor podrá escoger el esquema de su conveniencia (impuesto a la renta único-IRU, Régimen Impositivo Simplificado-RISE, esquema tradicional general).
La reducción del ICE de hasta el 50 % se aplica para quienes elaboren bebidas alcohólicas utilizando no menos del 70 % de materia prima local; esto es, arroz, cebada, maíz, almidón de yuca, papa, banano, entre otros rubros útiles para la industria.
Este esquema ya es utilizado por Cervecería Nacional, que lanzó su programa Siembra por Contrato y una nueva cerveza elaborada con maíz, arroz y cebada proveniente de productores locales. La empresa proyecta invertir más de $11 millones en todo el proyecto hasta el 2025.
Mientras, el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) planea iniciar el esquema de reducción del ICE con 1600 productores este año y para el 2021 se espera llegar a 6000 familias de agricultores por contrato.
Eddie Pesántez, viceministro de Desarrollo Productivo Agropecuario, resaltó que los nuevos esquemas no tienen un fin recaudatorio.
“El impuesto no tiene como su objetivo la recaudación, sino la formalización, elevar procesos productivos, por eso asociamos a las BPA para que cada día tengamos productos de mejor calidad con una proyección de exportación”, sostuvo el funcionario.
A la vez, agregó el viceministro, el esquema les permitiría receptar información sobre si se respeta el precio de sustentación, dónde están ubicados los productores, qué facturan mayoritariamente, qué necesidades de programas tienen, si tienen acceso a créditos rurales, si tienen seguro agrícola, la existencia de centros de acopio, si cumplen normas y tienen certificaciones, entre otros aspectos.
Pesántez proyectó que más adelante, con sus cédulas de agricultor, con el Registro Nacional Agropecuario que prevé realizar el Gobierno, podrían llegar a estos pequeños productores con proyectos acordes con sus necesidades.
En tanto, productores y exportadores consultados por este Diario tienen visiones diferentes sobre los beneficios y su aplicación.
Richard Salazar, director ejecutivo de la Asociación de Comercialización y Exportación de Banano (Acorbanec), señaló que gracias a la nueva normativa se eliminó la doble tributación que sufría el sector.
Indicó que con el esquema anterior el exportador pagaba hasta el 2 % de impuesto sobre el valor FOB (valor de venta de los productos más el flete, seguros y otros gastos); mientras que ahora la nueva base imponible se calcula con la diferencia entre el valor FOB y el precio mínimo de sustentación sobre lo cual se paga el 3 %.
“Por ejemplo, si el precio FOB es $8,3 menos $6,40 que es el precio de sustentación, esa diferencia es la nueva base imponible y sobre eso se paga el 3 %”, explicó Salazar, quien también resaltó el incentivo tributario por contar con las BPA para los productores.
José Antonio Hidalgo, director ejecutivo de la Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador (AEBE), señaló que dejar de pagar el doble impuesto les permite seguir invirtiendo en medidas de bioseguridad no solo contra el COVID-19, sino también contra el Fusarium Raza 4.
“Cada incentivo tributario motiva que se den mejores prácticas agrícolas y se trabaje hacia las nuevas tendencias globales que es cuidar la inocuidad alimentaria y cumplir con las exigencias de los mercados estables como Estados Unidos y Europa”, sostuvo Hidalgo, quien señaló que la reducción de hasta el 1 % del impuesto a la renta va a mejorar la liquidez de los productores y a formalizar el comercio.
Sin embargo, Byron Paredes, presidente de la Asociación de Productores de Banano del Ecuador (Aprobanec), considera que el pequeño agricultor, de hasta 10 hectáreas, no debe pagar impuestos, y luego sí progresivamente.
Señaló que el sector productor presentó una propuesta de un fideicomiso que permitiría regular la oferta de la fruta e implementar las políticas públicas en el sector bananero.
“Consideramos que sería muy oportuno para ir al camino de la verdadera formalización de nuestro sector”, expresó el dirigente, quien agregó que existen alrededor de 10 000 bananeros, de los cuales unos 8 000, esto es el 75 %, son pequeños y medianos.
En tanto, Franklin Torres, productor de Los Ríos y presidente encargado de la Asociación Nacional de Bananeros del Ecuador, cree poco posible que los beneficios de la ley se puedan reflejar este año, por lo menos los atados a las BPA, pues aseguró que debido a la pandemia y a los trámites burocráticos será muy difícil que un productor pueda obtener esta certificación.
“Tengo certificación de Global GAP, desde hace seis meses estoy pidiendo la certificación de Buenas Prácticas Agrícolas y todavía no me la dan, imagínese para un productor pequeño que no tenga Global GAP”, lamentó Torres, quien agregó que antes el sector productor ya pagaba el 1 % de impuesto a la renta y después lo subieron al 2 %; y cree que la Ley solo los regresó a su realidad anterior del 1 %.
“No es ningún beneficio, es volver a lo que antes pagábamos todos los productores”, criticó.
En tanto, Patricio Almeida, director ejecutivo de Agrocalidad, aseguró que las BPA serán gratuitas para los pequeños productores, de acuerdo con cierto monto de facturación, y que el objetivo es visibilizarlos.
Fuente: ElUniverso
